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El plan 2026-2030 busca articular acciones entre los sectores salud, educativo, social y comunitario
Por: Redacción
LaSalud.mx | Sanamente.mx, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2026 .- La respuesta frente al comportamiento suicida en México cuenta ya con herramientas como el Código 100, los mecanismos de coordinación sectorial para la referencia y contrarreferencia de casos, la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Línea de la Vida. A partir de estas capacidades, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) inició la construcción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida 2026-2030.
El propósito del nuevo esquema es articular las acciones y capacidades desarrolladas por instituciones de los sectores salud, educativo, social y comunitario, mediante un enfoque territorial sustentado en evidencia científica y con respeto a los derechos humanos.
Para Yerania Emireé Enríquez López, comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones, se trata de un fenómeno complejo y multidimensional en el que convergen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios. Por ello, consideró necesario coordinar los esfuerzos institucionales existentes, aprovechar sus capacidades y fortalecerlos mediante una estrategia de alcance nacional.
Una política con enfoque territorial
Uno de los principales retos planteados consiste en conseguir que los instrumentos y acciones disponibles se articulen y se traduzcan en respuestas efectivas dentro de los territorios. En este proceso, la funcionaria convocó a instituciones públicas, entidades federativas, sector salud, instituciones educativas, academia, especialistas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades a aportar experiencias, capacidades y propuestas que permitan atender las diferentes realidades del país.
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La estrategia deberá construirse sobre tres pilares: evidencia científica, derechos humanos y pertinencia territorial. La meta es que la política pública llegue efectivamente a las comunidades y coloque en el centro a las personas y su bienestar.
Desde la Dirección General de Políticas de Salud Mental y Adicciones, Lucía Ledesma Torres señaló que el planteamiento tendrá un carácter operativo y territorial, además de responder a las necesidades particulares de las distintas regiones y poblaciones del país. Entre las tareas previstas se encuentra precisar las responsabilidades institucionales, robustecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia, mejorar la detección temprana y ampliar las capacidades de los equipos de trabajo, incluyendo a quienes pueden actuar como primeros respondientes ante situaciones de riesgo para la salud mental.
Servicios y mecanismos de atención
La Línea de la Vida también forma parte de este proceso de fortalecimiento. Ledesma Torres informó que su difusión se ha ampliado a través de medios de comunicación y redes sociales y que cerca de 80 % de las llamadas son resueltas mediante orientación técnica durante la propia comunicación, mientras que el 20 % restante puede requerir su derivación a otros prestadores de servicios.
Por otra parte, el director general de Primer Nivel, José Alberto Gutiérrez Manuel, subrayó la función de las Comisiones Estatales, cuya finalidad es coordinar los esfuerzos a escala local para poner en marcha estrategias preventivas y acciones focalizadas.
El desarrollo de la Estrategia Nacional para el periodo 2026-2030 se realizará mediante colaboración interinstitucional e intersectorial, con mecanismos destinados a transformar los acuerdos en acciones concretas, dar seguimiento a su aplicación y avanzar en la mejora continua de la respuesta ante el comportamiento suicida.
En este proceso participan instituciones del sector salud y de otros ámbitos, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Cruz Roja, además de organismos internacionales, academia y representantes de las entidades federativas.
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D.E.
