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Nadine Gasman y Amaya Ordorika destacaron la importancia del consentimiento informado, el internamiento voluntario y la supervisión de estos establecimientos
Por: Redacción | Fotografía: Secretaría de Salud Pública
LaSalud.mx | Sanamente.mx | LaSalud.lat, Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026 .- Garantizar que los establecimientos de atención a las adicciones operen bajo condiciones de respeto, seguridad y protección de los derechos humanos requiere mecanismos de vigilancia capaces de identificar prácticas abusivas y prevenir situaciones de violencia. Con este propósito, instituciones de México y Uruguay presentaron la guía “Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina”, orientada a detectar riesgos de tortura, aislamiento, internamiento involuntario y trabajo forzado.
La herramienta fue desarrollada mediante la colaboración de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), Documenta, análisis y acción para la justicia social, A.C., y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Su presentación tuvo lugar en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Atención sin violencia ni medidas coercitivas
Durante el encuentro, Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, cuestionó los enfoques históricos basados en el estigma, la exclusión y el castigo hacia las personas con consumo problemático de sustancias, al considerar que no han resuelto esta problemática. “Ninguna forma de violencia, castigo o humillación puede justificarse como parte del tratamiento”, afirmó.
Por su parte, Amaya Ordorika Imaz, directora general del IASAMA, explicó que desde julio de 2026 el Instituto asumió la responsabilidad de regular y supervisar estos establecimientos, bajo criterios de consentimiento informado, internamiento voluntario y respeto a los derechos humanos. Subrayó que prevenir abusos exige reforzar la vigilancia y el trabajo coordinado entre instituciones.
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Supervisión y regulación con enfoque de derechos humanos
Desde Uruguay, Gianina Podestá, coordinadora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, destacó que la cooperación internacional permite atender problemáticas estructurales que trascienden fronteras. Recordó que la salud mental también involucra dimensiones de dignidad, autonomía y justicia social.
En el ámbito local, María del Rocío Lombera González, coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, señaló que el derecho a la salud comprende la obligación de garantizar espacios de atención libres de discriminación, violencia y prácticas que lesionen la dignidad de las personas.
A su vez, Erica Viridiana Brindis Almaraz, subdirectora de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), informó que se encuentra en su fase final la actualización de la Norma Oficial Mexicana 028. Advirtió que su regulación representa un reto debido a que aproximadamente 87 % de los establecimientos funciona mediante modelos de ayuda mutua y esquemas mixtos.
Participación de usuarios y mejora de los servicios
María Sirvent Bravo-Ahuja, directora ejecutiva de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C., planteó que las personas usuarias y quienes han atravesado experiencias de institucionalización deben intervenir activamente en la elaboración y evaluación de las políticas destinadas a mejorar estos espacios.
En la misma línea, Claudia Alarcón Zaragoza, titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, enfatizó que el trato digno debe garantizarse sin distinciones por el tipo de sustancia consumida, su condición legal o el establecimiento donde se recibe atención. “El derecho a ser tratado con dignidad no depende de la sustancia que se consume, si es legal o ilegal, ni de la institución en la que se recibe el tratamiento”.
La guía permitirá estructurar las visitas de supervisión, registrar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales y emitir recomendaciones para mejorar las condiciones de atención en los centros de tratamiento de adicciones de América Latina.
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D.E.
